Purvi Patel es una mujer hindú de 33 años que reside en Indiana, Estados Unidos. En julio de 2013, llegó sangrando a la sala de urgencias de South Bend, Indiana, asegurando que había tenido un aborto espontáneo. En ese momento, Patel ya no tenía a su bebé en el vientre, pues —según dijo a los doctores— el feto de entre 23 y 25 semanas había nacido muerto, por lo que botó sus restos a la basura.
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De inmediato comenzó la investigación. La policía encontró el cuerpo detrás del restaurante de la familia de Patel en la ciudad de Mishawaka y unos mensajes de texto en el celular de Patel donde días antes de la pérdida consultaba a un amigo sobre pastillas abortivas.
De acuerdo a la ley de Indiana, una mujer puede ser culpable de feticidio por tratar deliberadamente de interrumpir un embarazo, incluso si el feto sobrevive.
A pesar de que Patel aseguró que se había tratado de un aborto involuntario y de que no se encontraron indicios de drogas abortivas en su sangre, la corte consideró que había evidencias suficientes para condenarla a 20 años de cárcel por feticidio y abandono de menores luego de que el bebé nació.
Activistas piden su liberación
El caso ha reabierto con fuerza el debate en la sociedad estadounidense sobre el aborto, el feticidio y los derechos de la mujer y los que están por nacer.
Grupos activistas reaccionaron afirmando que se trata de una criminalización progresiva de las mujeres embarazadas. Además, acusan un error en la condena, ya que “para el abandono de menores se necesita un bebé y para el feticidio, un feto. Es decir, Patel fue declarada culpable por matar a un bebé y matar a un feto”, comenta Amanda Marcotte en su columna en el portal Slade.
Por otra parte, Lynn Paltrow, directora de Intercesores Nacionales por Mujeres Embarazadas, dijo a la BBC:
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Ninguna mujer debe enfrentar cargos criminales por tener un aborto o experimentar una pérdida de embarazo. La cruel amplitud de esta sentencia confirma que el feticidio y otras medidas promovidas por las organizaciones antiabortistas pretenden castigar y no proteger a las mujeres.
Kathrine Jack, un abogado de Indiana y activista, explicó a The Guardian que la ley sobre feticidio de Indiana no surgió con la intención de aplicarse a mujeres embarazadas, sino que para atrapar los proveedores de abortos ilegales, y para incluir a los hombres que a nivel nacional hayan abusado de sus parejas embarazadas.
En el sitio de RH Reality Check, se ha abierto una ficha para reunir firmas para pedirle al gobierno del Estado de Indiana que “revoque esta injusta condena y se elimine la responsabilidad penal en estos casos, ya que esta decisión es de cada uno”. Más de 27 mil personas se han suscrito a la petición.
En Chile, la discusión sobre la despenalización del aborto aún está presente, luego de que en enero de este año la presidenta Michelle Bachellet despachara al Congreso el proyecto de ley sobre la materia.
