La lucha contra la violencia de género no es prioritaria en Chile

Por Noemí García Cabezas

Tres millones de mujeres chilenas han sido o son víctimas de violencia de género; el 35,7% -una de cada tres- de las mujeres chilenas han sido o son maltratadas. Más de 600 mujeres desde 2001 fueron asesinadas por violencia de género en el país. Sin embargo, a día de hoy, la lucha contra la violencia de género no es prioritaria en la políticas estatales.

El asunto de los feminicidios entró en la agenda del SERNAM (principal actor gubernamental para luchar contra la violencia de género) en 1994, cuando se aprobó la primera ley al respecto y se iniciaron las primeras campañas para sensibilizar a la población sobre la necesidad de denunciar a los agresores. Un año después se registraron 38.200 denuncias; en el año 2006 ya eran más de 80.000. En 2010 se registraron 139.177 casos policiales según la Subsecretaría de Prevención del Delito (Ministerio del Interior y Seguridad Pública). En 2011 hubo 96.841 denuncias por violencia de género, un 13% más que en el 2010. Sin embargo, a principios de este siglo, aunque las denuncias no hacían más que subir, las detenciones bajaban en un 14%. A esto se añade que la mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado a sus victimarios: este año sólo cuatro habían denunciado, según datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

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Otro punto a tener en cuenta es la diferencia de feminicidios reconocidos por un lado por parte del Gobierno y por otro lado por las organizaciones de la sociedad civil. El hecho de que el Gobierno contabilice menos casos de los que aparecen en los registros de las ONG no es algo exclusivo de Chile: ocurre en todos los países en los que hay recuento oficial de víctimas. En Chile los feminicidios comienzan a contabilizarse en 2007; de ahí hasta la fecha habría 295 casos reconocidos oficialmente como feminicidios; sin embargo la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres contabiliza más de 300, que añadidas a las asesinadas desde 2001 serían más de 600.

La violencia en parejas jóvenes tiene especial repercusión: la última Encuesta Nacional de Juventud (2009) daba a conocer que un 20% de las mujeres jóvenes entre 15 y 29 años ha sido víctima de violencia psicológica alguna vez en sus relaciones de pareja. En parejas entre 15 y 19 años el 10,7% ha experimentado violencia psicológica y el 4,6% violencia física; entre 20 y 24 años se alcanza un 19% de violencia psicológica y un 10,4% de violencia física. Este año la media de edad de las asesinadas por sus parejas o exparejas hasta el 22 de octubre era de 35,51 años (según datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres). Según las tablas del recuento de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en 2009 se produjeron seis feminicidios a manos de pololos o expololos. La cifra bajó en 2010, cuando se registraron dos casos; en 2011 volvieron a darse seis casos; en lo que va de año, se registran dos.

Tal es la preocupación por estas cifras que el SERNAM incluso ha lanzado una campaña focalizada exclusivamente en la violencia en el pololeo, con acciones en redes sociales y personales a través de 25.000 jóvenes que en todo el país actúan como “embajadores” de la campaña. Sin embargo, se echan en falta en la campaña mecanismos que impulsen a denunciar o a prestar asistencia a las víctimas en el marco de la campaña.

Otro punto a abordar sería la legislación nacional al respecto de los feminicidios. No fue hasta 1994 cuando se promulgara la primera ley contra la violencia de género. Fue la ley 19.325, que significó entre otras cosas el establecimiento de políticas de prevención y control de la violencia de género, así como la creación de centros de atención a mujeres víctimas de violencia a lo largo de todo el país. Sin embargo, pese al avance, la ley era poco eficaz en lo referente a las medidas de protección o a la existencia de redes institucionales de apoyo que resguardaran la integridad física y la vida de las mujeres víctimas. Fue derogada y sustituida por la Ley 20.066 en 2005, a partir de la que se creó un marco de acción en torno al que trabajarían los Tribunales de Familia. Además se definieron situaciones de riesgo o intimidaciones a partir de la que se establecerían medidas de protección o cautelares, y obligaba al Estado a incorporar planes de prevención, realizar estudios, capacitar al funcionariado o desarrollar políticas de prevención y erradicación de la violencia de género, entre otras.

Con el último Gobierno, y tras cuatro años de tramitación, en 2010 se promulgó la ley 20.480, por la que queda tipificado el feminicidio como delito, estableciendo penas desde 15 hasta 40 años de cárcel para los victimarios. Además acepta como legítima defensa los asesinatos de hombres cometidos por sus parejas o exparejas en los casos en que las mujeres eran agredidas de forma habitual. Tipifica también delitos sexuales, sobre todo en relaciones conyugales, y autoriza que se tomen las medidas necesarias para proteger a las víctimas de violencia de género antes de que se remita el caso al Ministerio Público.

La ley ha recibido numerosas críticas: organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las mujeres reprueban que la ley proteja tan solo a las mujeres que están casadas o lo estuvieron, o bien que conviven o convivieron con su asesino o bien tienen hijos con ellos. De este modo las jóvenes y adolescentes asesinadas por sus parejas no entrarían dentro de la citada ley. Además, sin quitar importancia a la tipificación del delito, consideran que es imprescindible trabajar en prevención de la violencia y protección a las víctimas.

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