Cuando la prostitución legal puede esconder casos de explotación sexual

Un tribunal argentino garantizarìa el ejercicio de la prostitución en ámbitos privados, siempre y cuando ésto no implique una violación a ley de profilaxis (que busca prevenir enfermedades venéreas y prevé su tratamiento), explotación sexual o trata de personas, indicó el pasado jueves 10 de mayo el fallo judicial.

La decisión fue tomada luego de que el ministerio de Ambiente y Espacio Público de Buenos Aires denunciara propaganda sexual en la vía pública, en las que se ofrecía sexo y un teléfono de contacto en un departamento. “La fijación indebida de anuncios publicitarios en distintos mobiliarios urbanos, y en virtud de haberse intentado localizar al infractor se pudo inducir la posible infracción a la ley de profilaxis”, indicó el ministerio .

Por lo que el juzgado realizó operativos de inteligencia, identificando que los teléfonos estaban a nombre de tres mujeres mayores de edad y que efectivamente, en el departamento donde ofrecían  sus “servicios”, obtenían ganancias desde los 80 pesos (USD 18) a los 200 pesos (USD 45).

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Sin embargo, la investigación no arrojó ni hechos, ni motivos para presumir que en aquel domicilio se estuviera violando la ley de profilaxis, según lo señalado por los magistrados, agregando que “sólo puede deducirse que en el lugar de los hechos habría tres mujeres que estarían brindando servicios sexuales a cambio de dinero”.

El problema

Actualmente, en el centro de la capital argentina se puede encontrar una serie de anuncios de este tipo, pero que lamentablemente, no se puede saber si  éstos corresponden sólo a un acreditado ejercicio de la prostitución o a un posible caso de trata de personas o explotación sexual, como diversas ONGs ya han denunciado.

A esto se suma que sólo el año pasado, más de 1.200 personas fueron víctimas de trata de personas en Argentina, según lo informado en la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT).

Por lo que en definitiva, el pleno derecho frente al ejercicio responsable de la prostitución, generaría inagotables sospechas que exigen un compromiso urgente de fiscalización. ¿Qué piensas tú?