En agosto de 2013, el biólogo español Gonzalo Alonso Hernández, férreo defensor del Parque Cunhambebe, en el Estado de Río de Enero murió ejecutado en su propia casa. Sus verdugos lanzaron su cuerpo a una cascada del mismo parque que durante años él mismo defendió de cazadores furtivos y pirómanos que buscaban tierras para la ganadería. Hasta el día de hoy no hay culpables.
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De acuerdo al reciente informe publicado por la ONG Global Witness, 116 muertes de activistas ambientales se registraron el año pasado en el planeta (23 más que el año anterior), ocurriendo el 90% de ellas en Latinoamérica.
Según un informe publicado por la ONU en 2007, los activistas ambientales y de la tierra constituyen el segundo grupo más vulnerable de todos los defensores de los derechos humanos, después de los que se ocupan de los derechos de las mujeres, porque corren el riesgo de perder la vida. Dado que el índice de sus asesinatos se triplicó entre 2007 y 2011, es posible que ahora constituyan el grupo de mayor riesgo.
De entre los 17 países alrededor del mundo que fueron analizados, Brasil lidera el ránking de violencia ambiental que queda impune en el 25% de los casos de asesinato. Le siguen Colombia (25), Filipinas (15) y Honduras (12).
Este último es, por quinto año consecutivo, el lugar con más asesinatos de activistas per cápita y el que más sufre violencia contra los activistas ambientales y de la tierra.
Según el informe, ésta se ve exacerbada por la retirada de leyes ambientales, la creciente militarización de la policía y la incapacidad de controlar a los guardas de seguridad privados, que van armados. Desde 2010 se han registrado 3.064 casos de criminalización de defensores de los derechos humanos en dicho país.
El 40% de las víctimas son indígenas
Casos como el de Gonzalo Alonso en Brasil se repiten alrededor del mundo y aún más en las localidades indígenas donde la principal lucha es por los títulos de propiedad de sus tierras, un derecho que acaba enfrentándoles con los intereses de la denominada agroindustria, la minería, la construcción de presas hidroeléctricas el la tala industrial.
Pero los activistas no solo se arriesgan a la muerte, sino también a amenazas y violencia física, criminalización y restricción de sus libertades. Conocimos de cerca el caso de Máxima Chaupe, la campesina peruana que por años sufrió amenazas y violencia física contra ella y su familia por defender las tierras de su pueblo de una minera.
Global Witnes concluye:
Estas muertes están sucediendo porque cada vez hay más ciudadanos corrientes y comunidades locales a la vanguardia de la lucha por los recursos naturales del planeta. Los defensores del medio ambiente y la tierra son amenazados, atacados físicamente y criminalizados por su labor. Mientras tanto, los Gobiernos nacionales no se ocupan de proteger sus derechos de las crecientes amenazas que suponen la agroindustria, la minería, la tala y los proyectos hidroeléctricos.